En América Latina, la banca enfrenta un riesgo que va más allá de las fallas tecnológicas: el incumplimiento normativo. La ausencia de una correcta implementación de estándares internacionales como PCI DSS y SWIFT abre la puerta a ciberataques que se vuelven cada vez más complejos.
Según Oswaldo Palacios, experto en ciberseguridad de Akamai Latinoamérica, “las instituciones financieras que no cumplen con los estándares de seguridad establecidos están más expuestas a ciberataques, interrupciones operativas y pérdidas económicas significativas”.
De acuerdo con el reporte IBM X-Force 2025, en 2024 el sector financiero, junto con el asegurador, fue el más afectado por ciberataques en la región, con un 33% de los casos. A su vez, el informe Panorama de amenazas para el sector financiero de LATAM en 2025, realizado por Digi Americas Alliance, Duke y Recorded Future, indica que América Latina se encuentra entre las zonas menos preparadas para enfrentar estos incidentes. Las causas principales son la falta de inversión en ciberseguridad, la escasez de profesionales especializados y la debilidad de los marcos regulatorios.
Palacios advierte: “En América Latina, aún existen brechas importantes en la implementación de estos marcos regulatorios, lo que representa un riesgo latente para la estabilidad del sistema financiero y la confianza del consumidor”.
Índice de temas
Incumplimiento normativo y necesidad de simplificación
Una de las primeras acciones que plantea Akamai es simplificar el incumplimiento normativo mediante soluciones de microsegmentación. Esta práctica permite dividir las redes en perímetros más pequeños y aislar cargas de trabajo, lo que agiliza auditorías regulatorias y restringe el acceso a información sensible. Además, brinda mayor visibilidad sobre el tráfico y los flujos de datos.
La propuesta se orienta a reducir complejidad y acelerar procesos, siempre bajo un marco de cumplimiento que fortalezca la seguridad. La posibilidad de acotar riesgos dentro de entornos controlados representa un camino concreto para limitar la exposición frente a ataques.
Incumplimiento normativo y productividad operativa
Otro de los puntos clave es impulsar la productividad operativa en paralelo al cumplimiento. Incorporar plataformas de seguridad con gestión unificada disminuye la complejidad y permite que los equipos dediquen sus esfuerzos a tareas estratégicas.
En esa línea, las herramientas con capacidades de caza proactiva de amenazas ofrecen continuidad de negocio al identificar y neutralizar riesgos antes de que generen impacto. Palacios resalta la relevancia de sumar protección avanzada de APIs: la inteligencia artificial y el aprendizaje automático permiten bloquear ataques en tiempo real, aumentar la eficacia operativa y reforzar la postura de seguridad.
La experiencia del cliente también está en juego. Los usuarios esperan servicios digitales ágiles y disponibles todo el tiempo. Garantizar continuidad, incluso frente a ataques DDoS, resulta fundamental para sostener la confianza. El monitoreo constante del comportamiento de las APIs aporta rapidez en la detección de amenazas y resguarda datos sensibles.
Incumplimiento normativo y resiliencia institucional
La resiliencia se convirtió en un requisito central para las entidades financieras. Palacios subraya que “la resiliencia operativa ya no es opcional: es una prioridad crítica”. Integrar la seguridad como parte estructural de las operaciones y en línea con los marcos regulatorios vigentes asegura continuidad y estabilidad a largo plazo.
Las soluciones escalables basadas en la nube permiten adaptarse al ritmo del negocio y reducen gastos operativos, al tiempo que facilitan la gestión de riesgos. La microsegmentación, además, simplifica auditorías, disminuye el tiempo y los recursos necesarios para demostrar cumplimiento, y aporta agilidad ante cambios regulatorios.La visión de Akamai apunta a que la inversión en cumplimiento deje de percibirse como una carga.
“El cumplimiento normativo en América Latina debe dejar de verse como un simple requisito legal. Es un componente esencial de la resiliencia financiera, de la protección de los usuarios y de la confianza institucional, invertir en ello no solo evita sanciones, también protege el futuro de la banca en la región”, concluyó Palacios.
