En la era digital en la que estamos insertos, donde la tecnología y la información tejieron una red global que conecta a personas, comunidades y países, surge un tema de vital importancia: la gobernanza digital, un concepto que abarca el conjunto de normas, leyes, políticas y acuerdos que rigen la interacción entre los diversos actores en el entorno digital. Desde la protección de datos personales hasta la regulación de plataformas en línea, pasando por la ciberseguridad y la neutralidad de la red. Son muchos los aspectos que entran en juego.
A medida que la tecnología avanza, es esencial que los gobiernos mantengan el ritmo para garantizar que se tomen medidas adecuadas para proteger los derechos de los ciudadanos en línea. En este artículo periodístico exploraremos los desafíos que enfrentamos en este nuevo paradigma y las soluciones que se están desarrollando para hacer frente a ellos.
Índice de temas
¿Qué es la gobernanza?
Cuando hablamos de gobernanza nos referimos a todos aquellos actos de gobierno, instituciones, procedimientos destinados a decidir y regular cuestiones que tienen que ver con toda la sociedad en su conjunto.
Desde una perspectiva global y actualizada, podemos decir que la gobernanza consiste básicamente en la dirección que ejercen las instituciones públicas sobre el resto de la sociedad, administrando los recursos comunes y logrando que haya un efectivo cumplimiento de los derechos humanos.
Si bien, como suele ocurrir con muchos conceptos del ámbito de las humanidades, no hay una definición consensuada de lo que sería una buena gobernanza, de las experiencias históricas y actuales surgen algunas características que nos pueden acercar a ella.
Podemos decir que una buena gobernanza consiste básicamente en el respeto irrestricto a los derechos humanos fundamentales de las personas, en un sistema basado en un estado de derecho que garantice la participación efectiva de la sociedad y el pluralismo político.
Asimismo, son características de la buena gobernanza que las instituciones mencionadas sean transparentes, efectivas y que eviten la burocracia innecesaria, que haya acceso a la información, a la educación y que exista libertad de prensa.
Como consecuencia de esto, la sociedad tendría que ser equitativa, solidaria y responsable. En definitiva, son todos los valores a los que apuntan las constituciones liberales de la mayoría de los países de occidente. Sin embargo, sabemos que no siempre esto funciona acorde a lo esperado.
¿Cuáles son los desafíos principales para la gobernanza digital en Argentina?
La gobernanza de datos en Argentina se refiere a la manera en la que se utiliza la tecnología de la información y la comunicación (TIC) en la toma de decisiones y la gestión de los asuntos públicos del país y de la sociedad en general.
En otras palabras, la gobernanza digital se enfoca en cómo las instituciones gubernamentales de Argentina utilizan y gestionan la tecnología para mejorar la eficacia, la eficiencia y la transparencia en la administración pública.
Se trata de un tema cada vez más relevante en la actualidad y es lógico que así lo sea.
Con el avance de la tecnología y la digitalización se han creado nuevos desafíos y oportunidades para los gobiernos y las sociedades en general. Hoy podemos observar cómo las innovaciones ocupan todos los campos de nuestras vidas, y hay pocos que no puedan ser mejorados por ellas.
En Argentina, la gobernanza digital se presenta como la llave para mejorar la eficiencia y la transparencia de los procesos gubernamentales, así como para garantizar la inclusión digital de todos los ciudadanos.
Entonces podemos afirmar que se está ante una forma de gobernar en la cual se utilicen los recursos tecnológicos de forma óptima. Asimismo, este concepto se relaciona con la correcta utilización de los datos y la información en los procesos gubernamentales.
Esto incluye muchos campos que abarcan todas las áreas de gobierno y poderes del estado, desde la implementación de políticas públicas digitales hasta la protección de la privacidad y los derechos de los ciudadanos en el entorno digital.
También se incluye el poder judicial, clave en la vida social y política. En este ámbito, es necesario que los procesos se agilicen y pasen por completo al formato digital.
En Argentina, la gobernanza digital enfrenta varios desafíos importantes
La falta de acceso a Internet
En primer lugar, debemos mencionar la falta de acceso a Internet en algunas zonas del país. Esto es un problema que dificulta la implementación de políticas y servicios digitales.
La brecha digital
Además, la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales es significativa, lo que puede fomentar las desigualdades económicas y sociales existentes.
Esto hace que sea difícil para algunos grupos de la población acceder a servicios esenciales en línea. Argentina no escapa a la realidad de Latinoamérica en la que las diferencias entre los distintos grupos sociales son abismales.
Falta de coordinación
Otro desafío importante es la falta de coordinación entre las diferentes agencias gubernamentales que trabajan en temas de gobernanza digital. Esto puede resultar en políticas inconsistentes y enfoques fragmentados, lo que dificulta la implementación efectiva de soluciones digitales.
Y esta falta de coordinación es un desafío en dos sentidos. El primero de ellos tiene que ver con la falta de una estrategia política definida entre los sectores que llegan al poder.
Por un lado, los gobiernos están conformados por coaliciones tan amplias que hacen que no sea posible consensuar políticas. Y por otro, hay una falta de coordinación de políticas de gobierno a largo plazo que trasciendan a los diferentes gobiernos. Argentina es un país cuya sociedad está profundamente dividida y esto se nota en las decisiones cambiantes de los gobiernos que se suceden.
Plan sostenido
Lograr una transformación digital en el gobierno requiere un plan sostenido que sea respetado por las distintas gestiones sin importar el color político. Entonces, el desafío aquí radica en el consenso que se debe generar entre los partidos representantes de la sociedad para generar este cambio de paradigma en la forma de gobernar.
También, las preocupaciones giran en torno a la privacidad y seguridad de los datos en línea, especialmente en relación con la recopilación y uso de información personal por parte de las empresas y el gobierno.
En general, son muchos los desafíos que enfrenta la gobernanza digital en Argentina, pero si se trabaja seriamente en la posibilidad de implementarla, poco a poco se podría lograr.
Se necesita una mayor inversión en infraestructura de tecnología de la información y la comunicación y una mayor colaboración entre las distintas áreas de gobierno y entre los distintos actores políticos de la sociedad.
A su vez, también es necesaria una mayor regulación en torno a la privacidad y seguridad de los datos.
¿Cómo está cambiando la tecnología el modo en que se administran las políticas en Argentina?
A pesar de todos los inconvenientes y desafíos que mencionamos en el apartado anterior, existen algunos ejemplos en los cuales la tecnología ha mejorado la administración en Argentina.
Como primera medida, en la administración pública nacional se digitalizaron las gestiones de los expedientes. Esto supuso un cambio enorme que trajo muchas ventajas.
Hasta hace no muchos años era común caminar por los pasillos de algún ministerio y observar carros que llevaban pilas y pilas de expedientes. Hoy todos esos expedientes se trabajan desde una computadora y se archivan en la nube.
Esto trajo como consecuencia lógicamente la reducción del uso del papel, pero además una mayor eficacia en la resolución de los conflictos que emanaba de esos expedientes.
Significó además un cambio para los ciudadanos que ya pueden realizar muchos trámites administrativos desde sus dispositivos móviles o computadoras sin tener que moverse de sus casas.
Estos cambios, poco a poco, se están trasladando a los gobiernos provinciales y municipales de todo el país. También se ha empezado a trabajar en la digitalización de los expedientes del congreso nacional, algo clave para la obtención de leyes más eficientes.
Siguiendo con la línea de la digitalización, otra de las grandes invenciones fue la aplicación Mi Argentina.
Se trata de una billetera virtual disponible para descargar desde un dispositivo móvil en la que se puede tener contenida información personal relevante.
Esto incluye el DNI, el registro de conducir, las cédulas y el seguro de los autos, la constancia de CUIL, una credencial del programa REPROCAN, entre otros tipos de información.
Esta aplicación fue muy útil durante la pandemia, momento en el cual las innovaciones digitales tuvieron un rol fundamental y hoy desde Mi Argentina es posible tener la credencial de la vacuna contra el Coronavirus.
¿Qué medidas pueden implementarse para mejorar la gobernanza digital en Argentina?
Existen una serie de medidas en las que se puede trabajar para que en Argentina se pueda progresar en materia de gobernanza digital.
Lo cierto es que el primer paso para esto es que exista una decisión política que trascienda ideologías y partidos. Por ende, debe haber un compromiso en el cual se establezcan ciertas medidas de progreso digital que deba respetar cualquier gobierno sea de color político que sea.
Asimismo, es necesario que exista una capacitación a nivel nacional sobre tecnología y seguridad digital para todos los ciudadanos y para los empleados públicos.
De esta manera, será posible achicar la brecha y fomentar una cultura digital.
Pero, además, es necesario invertir en infraestructura para que el internet y la digitalización lleguen a todas las áreas del país.
Esto último no es nada fácil puesto que hay una batería de otros distintos problemas que resolver además de el de la falta de inversión en tecnología.
Otra medida que se puede tomar es la publicación de toda la información que tenga que ver con los actos de gobierno y del presupuesto utilizado para ellos. Esto debería suceder, pero no siempre es así.
Se trata de un aspecto clave para que la sociedad pueda observar de qué manera se administran los recursos y por qué además una buena gobernanza digital supone una participación abierta.
¿Qué rol juegan las instituciones de gobierno, el sector privado y la sociedad civil en el proceso de adopción de la gobernanza digital en Argentina?
Cualquier cambio social grande requiere consenso y adaptación. Para ello es necesario incluir en él a todos los sectores influyentes de la sociedad.
En este sentido, la colaboración público-privada es fundamental para lograr que la gobernanza digital sea una realidad en Argentina.
Con esto queremos decir que es importante que el gobierno y el sector privado trabajen juntos para desarrollar políticas y soluciones que aborden los desafíos existentes en el ámbito digital.
El gobierno puede ofrecer orientación y regulación en áreas específicas, mientras que el sector privado puede brindar experiencia técnica y recursos para la implementación de soluciones efectivas.
En el caso de la sociedad civil, tal como hemos mencionado previamente, el papel que le ocupa dentro de una gobernanza digital bien entendida es activo.
De hecho, existe la necesidad de una mayor inclusión de la sociedad en el gobierno para incrementan la confianza pública y esto se puede hacer de muchas maneras.
Una de ellas es básica y consiste en dar transparencia a todos los actos de gobierno. Otra de ellas es facilitar la realización de trámites mediante la digitalización de ellos.
Sin embargo, la digitalización nos permite pensar más allá. En una etapa que aún está lejana y que se considera como proactiva, el estado se anticipa a las necesidades de la ciudadanía y puede interactuar con ella de forma digital.
¿Cómo se puede apoyar la innovación y modernización del sector público a través de la gobernanza digital en Argentina?
El término gobernanza digital va de la mano con la modernización del sector público. Tal es así que es difícil pensar en un gobierno digital sin pasar por un proceso de innovación en los órganos del estado.
En este sentido, se ha trabajado mucho en Argentina en los últimos tiempos en la digitalización de los trámites administrativos mediante el sistema de gestión documental electrónica (GDE).
Con este sistema, los agentes de las distintas áreas del estado pueden enviar los expedientes de forma instantánea para resolverlos más rápido.
Cabe aclarar que esta es una política que funciona íntegramente en la administración pública nacional, por lo que el desafío radica en trasladarla a cada rincón del país.
Más allá de esta invención, que ha significado un gran paso, aún queda mucho por hacer para terminar con la burocracia innecesaria y con la ineficiencia que en algunas ocasiones tienen las oficinas públicas.
¿Qué tipos de datos se deben tener en cuenta al diseñar sistemas éticos e inclusivos de gobernanza digital?
La innovación en la forma de administrar el estado y la gobernanza digital traen aparejada dos cuestiones que hay que observar de cerca.
Se puede observar como fenómeno social, en la Argentina y en el resto del mundo, que la población ha tomado conciencia de la importancia de peticionar a las autoridades.
Los actos de corrupción, la ineficiencia estatal, la falta de respuesta frente a reclamos básicos y el enorme déficit de representación por el que se atraviesa han generado demandas cada vez mayores.
Por eso, es necesario construir sistemas de gobierno éticos e inclusivos.
La primera de estas dos características se orienta a fomentar la transparencia en la administración de los recursos y a evitar la corrupción, un gran problema que atraviesa la política de estos días.
Por otro lado, la inclusión surge como respuesta a la falta de representación y a la demanda constante. Pero aquí también existe un desafío para los ciudadanos que deben participar de forma activa en el gobierno.
La gobernanza digital puede ser en el futuro una herramienta para este tipo de participación en la cual la población forme parte del diseño de políticas públicas.
¿Qué niveles de compromiso hay entre los responsables políticos y técnicos del gobierno con respecto a la gobernanza digital?
En la política argentina hay que diferenciar muchas veces lo que dicen las autoridades de lo que realmente sucede en la realidad.
Dicho esto, pareciera que en términos generales existe un compromiso para modernizar el estado y lograr el objetivo de digitalización de los actos de gobierno.
De hecho, hace unas semanas, la Secretaría de Innovación Pública, en representación del estado nacional, participó de un encuentro realizado en Washington que reunió a los principales especialistas en la tecnología de gobierno.
Allí, la delegación argentina hizo hincapié en el Programa Federal de Transformación Pública Digital que se está llevando a cabo en el país y en los beneficios de la aplicación Mi Argentina.
Asimismo, destacó que era necesario que el sector público y el sector privado trabajen en conjunto para alcanzar este objetivo.
Cabe destacar que desde el año 2015 se produjeron avances significativos en materia de digitalización estatal y de agilización de trámites administrativos. Ahora el desafío de las autoridades consistirá en sostener y mejorar estos avances.
Para ello no solo debe haber un compromiso expreso, sino que además debe haber consenso para sostener en el tiempo estas políticas.
¿Cuáles son las mejores prácticas para garantizar que un sistema de administración electrónica sea compatible con los principios clave del Estado Democrático y sus mandatos constitucionales?
El advenimiento de la digitalización ha generado muchos dilemas en torno al uso de los datos. Este dilema no se plantea solo en cuestiones públicas, sino también en las privadas.
Las empresas de comunicación o aquellas que ofrecen sus productos por internet, recopilan grandes cantidades de datos, lo que muchas veces provoca que la privacidad de las personas sea vulnerada.
Ahora bien, imaginemos que toda esta información pueda estar en poder del estado. Por un lado, podemos destacar algunos beneficios de esto.
Es sabido que aquellas decisiones que se toman en torno a datos concretos tienden a ser más efectivas.
Sin embargo, si no se realiza un uso adecuado de la información, las consecuencias morales y éticas pueden ser terribles. El estado podría tener un acceso completo a los datos personales de cada persona y podría así manipular muchos ámbitos de su vida cotidiana.
Es por esto que, más allá de las diversas capacitaciones a funcionarios y empleados estatales sobre buenas prácticas que se puedan dar, para un manejo ético de la información es muy importante crear mecanismos de control.
En esta cuestión estamos hablando de derechos fundamentales de las personas. La Constitución Nacional, en su artículo 19, reconoce un ámbito de libertad personal para los individuos que los protege de la acción del estado.
Sobre ese principio está basado, en gran parte, nuestro sistema democrático. Así, un estado que no respete la privacidad de las personas, estaría siendo desnaturalizado.
¿Existen restricciones legales o gubernamentales importantes con respecto a los datos relacionados con la administración electrónica y la gobernanza digital en Argentina?
En primer lugar, cabe aclarar que, a través de la reforma constitucional de 1994, se añadió en el artículo 43 de la Constitución Nacional la posibilidad de presentar un amparo para tomar conocimiento de los datos personales que consten en registros públicos y bancos de datos.
Además de tomar conocimiento, se puede solicitar que se exprese cuál es la finalidad de estos datos. Este es un derecho que poseen los ciudadanos.
Asimismo, se ha sancionado una Ley de Protección de Datos Personales que establece algunos derechos para las personas y algunas restricciones para el estado.
Por ejemplo, en el artículo 3, esta ley dispone que para que los archivos de datos sean lícitos, deben estar debidamente inscriptos y su uso no puede tener fines contrarios a la moral y las buenas costumbres.
Además, el almacenamiento de los datos debe estar registrado de tal forma que permita que el titular pueda tener acceso a ellos. Esto es importante debido a que también es un derecho cuestionar si existe algún error en ellos.
¿Cómo se puede lograr un equilibrio entre proteger los derechos alcanzados por cada individuo mientras se aprueba una legislación robusta sobre gobernanza digital?
Sin perjuicio de las disposiciones mencionadas en el apartado anterior, todas estas innovaciones son recientes y requieren una adaptación del derecho para proteger derechos fundamentales como la privacidad y la intimidad.
Es por eso que los legisladores deben trabajar en proyectos de ley que aborden este tema de forma seria y efectiva. Existen ya algunos proyectos de ley que abordan esta temática.
Pero, lo cierto es que no es posible detener el progreso de la digitalización, por lo que es necesario legislar lo más rápido posible para no desproteger a las personas y crear a su vez mecanismos que controlen el uso de los datos.
Mientras tanto, es importante que todos los programas de innovación digital que se lleven a cabo se realicen teniendo en cuenta los derechos y garantías que contiene la constitución y la ley de protección de datos.
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