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Ley de Economía del Conocimiento y startups AgTech: los beneficios fiscales que muchas empresas todavía no están aprovechando



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Argentina tiene una ley que reduce contribuciones patronales hasta el 70%, otorga bonos de crédito fiscal aplicables a impuestos nacionales y garantiza estabilidad fiscal por el término del régimen. Se llama Ley de Economía del Conocimiento (27.506) y muchas startups AgTech califican para acceder a ella. El problema es que pocas lo saben.

Publicado el 4 de jul de 2026



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1. Qué es la Ley de Economía del Conocimiento

La Ley 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento, modificada por la Ley 27.570 (B.O. 26/10/2020), creó un régimen de promoción para empresas que realizan actividades económicas basadas en el conocimiento y la digitalización de la información. Su objetivo explícito es fomentar el desarrollo tecnológico, la exportación de servicios y la generación de empleo calificado en Argentina.

El régimen tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029 y está administrado por la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa del Ministerio de Economía. El listado de beneficiarios fue actualizado en mayo de 2026 e incluye MiPyMEs, grandes empresas, asociaciones, cooperativas y otras instituciones que realizan actividades de la economía del conocimiento.

Para las startups y empresas AgTech, la importancia de este régimen es concreta: reduce el costo laboral, genera crédito fiscal aplicable a obligaciones impositivas y garantiza que la carga tributaria no se incremente durante la vigencia del régimen.


2. Qué actividades AgTech están alcanzadas por la ley

El Artículo 2 de la Ley 27.506 define las “actividades promovidas” que dan acceso al régimen. Para el ecosistema AgTech, las más relevantes son:

Desarrollo de software y servicios informáticos. Cubre explícitamente el desarrollo, producción, implementación y mantenimiento de software, incluyendo plataformas de gestión agronómica, sistemas de monitoreo de cultivos, aplicaciones de agricultura de precisión y herramientas de análisis de datos agropecuarios. Las plataformas de gestión agronómica como las que desarrollan startups locales califican directamente en esta categoría.

Biotecnología, bioinformática y ciencias aplicadas derivadas de recursos naturales. Es la categoría más relevante para las empresas que desarrollan bioinsumos, biotecnología de semillas, biopesticidas o cualquier solución biológica aplicada al agro. La bioinformática aplicada al análisis genómico de cultivos también está alcanzada.

Servicios geológicos y de prospección y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones aplicados a sectores productivos. Cubre soluciones de sensórica, IoT agrícola, drones con análisis de imágenes y sistemas de telemetría aplicados a la producción agropecuaria.

Servicios profesionales donde el componente de conocimiento es determinante. Consultoras que ofrecen análisis de datos agropecuarios, modelado predictivo de rendimientos, asesoramiento en implementación de agricultura de precisión o diseño de sistemas de trazabilidad pueden calificar si el 70% de su facturación proviene de ese tipo de actividad.

La condición central, según la página oficial de acceso al régimen, es que el 70% de la facturación total de la empresa provenga de actividades de la economía del conocimiento, o bien que demuestre que estas actividades se incorporan de manera transversal a sus procesos productivos.


3. Los beneficios concretos y cuánto representan

Los beneficios del régimen tienen tres dimensiones que se combinan para reducir significativamente la carga fiscal y laboral de las empresas inscriptas:

Reducción de contribuciones patronales. Los beneficiarios obtienen una reducción de las contribuciones patronales sobre los salarios del personal afectado a actividades promovidas. El porcentaje varía según el perfil del empleado contratado: hasta el 70% de reducción cuando se contrata a mujeres y hasta el 80% cuando se contrata a personas travestis, transexuales o transgénero, para primeros empleos registrados. Para perfiles técnicos estándar, la reducción también es significativa y se establece en la reglamentación.

Bono de crédito fiscal. Los beneficiarios generan un bono de crédito fiscal equivalente al 70% del monto de las contribuciones patronales correspondientes al personal afectado a actividades promovidas. Ese bono puede aplicarse al pago de impuestos nacionales: impuesto a las ganancias, IVA, impuestos internos y otros tributos nacionales. Para startups en crecimiento, esto equivale a tener una porción significativa de la factura fiscal financiada por el propio régimen de promoción.

Estabilidad fiscal. Desde la inscripción y por el término de vigencia del régimen (hasta 2029), los beneficiarios gozan de estabilidad fiscal respecto de sus actividades promovidas, según el Artículo 7 de la ley. Esto significa que el Estado no puede incrementar la carga tributaria total nacional sobre las actividades promovidas durante ese período. Para empresas que planifican inversiones a varios años, esa previsibilidad tiene un valor concreto en el modelo financiero.

Tasa reducida de impuesto a las ganancias. Los beneficiarios pagan una alícuota reducida del impuesto a las ganancias sobre los ingresos provenientes de actividades promovidas, en comparación con la tasa general.


4. Requisitos para acceder al régimen

Según la página oficial de acceso al régimen, los requisitos son:

Sobre la actividad:
Acreditar que el 70% de la facturación total proviene de actividades de la economía del conocimiento, o demostrar que estas actividades se incorporan de manera transversal a los procesos productivos de la empresa.

Sobre la certificación de calidad:
Certificar calidad en los productos, servicios o procesos bajo una norma reconocida, o mediante la acreditación de un plan de mejora continua. Para startups AgTech, esto puede cumplirse con certificaciones de proceso (ISO 9001 u equivalentes) o con un plan de mejora documentado ante la autoridad de aplicación.

Sobre la inversión en capacitación o I+D:
Invertir en capacitación del personal o en investigación y desarrollo vinculado a las actividades promovidas. Las startups que tienen equipos de I+D activos, que participan en programas del FONTAR o del INTA, o que invierten en formación técnica de sus empleados cumplen este requisito.

Sobre la exportación:
Exportar bienes o servicios de la economía del conocimiento. Para las startups AgTech que ya venden a clientes en Brasil, Chile, Colombia o cualquier otro mercado internacional, este requisito está cumplido. Para las que todavía no exportan, el régimen igual es accesible si cumplen los demás criterios.

Sobre la situación fiscal y legal:
Estar constituida como persona jurídica en Argentina, no tener deudas fiscales, previsionales, laborales ni gremiales, tener CUIT y clave fiscal nivel 3 en ARCA, y contar con Trámites a Distancia (TAD) asociado a ARCA.


5. Cómo inscribirse paso a paso

El proceso de inscripción al Registro Nacional de Beneficiarios del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento se realiza de forma digital a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD).

Los pasos son:

Paso 1 — Verificar el encuadramiento. Antes de iniciar la inscripción, la empresa debe confirmar que sus actividades califican en alguna de las categorías del Artículo 2 de la ley y que puede cumplir los requisitos de facturación, calidad e I+D. La Dirección Nacional de Desarrollo de la Economía del Conocimiento tiene consultores disponibles para orientar ese proceso.

Paso 2 — Preparar la documentación. Declaración jurada de actividades promovidas, documentación de facturación por tipo de actividad, evidencia de certificación de calidad o plan de mejora, documentación de inversiones en capacitación o I+D, y estados contables de los últimos ejercicios.

Paso 3 — Presentar la solicitud en TAD. La solicitud se presenta en la plataforma TAD con toda la documentación adjunta. La autoridad de aplicación evalúa el cumplimiento de los requisitos y, en caso de aprobarla, inscribe a la empresa en el registro.

Paso 4 — Auditorías y revalidación. Una vez inscripta, la empresa está sujeta a controles anuales y a una revalidación bienal. La autoridad de aplicación puede realizar auditorías para verificar el cumplimiento continuo de los requisitos. Los incumplimientos pueden resultar en la pérdida de los beneficios.

El proceso tiene un costo de tasa de hasta el 4% calculado sobre el monto de los beneficios fiscales obtenidos, pagadero a la autoridad de aplicación.

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