La reforma de la Ley de Sociedades que el Gobierno llevó al Senado apunta a resolver una dificultad histórica del ecosistema startup argentino.
Durante años, muchos fundadores recurrieron a estructuras en Delaware, Estados Unidos, para conseguir capital con reglas más flexibles, instrumentos conocidos por los fondos internacionales y mayor previsibilidad para los inversores. Ahora, el proyecto busca traer parte de esas condiciones al país, con cambios que incluyen empresas tokenizadas, Sociedades Automatizadas y activos digitales en las sociedades.
El objetivo inmediato es claro. La iniciativa promete facilitar el financiamiento de emprendimientos tecnológicos, reducir trabas legales y acercar el derecho argentino a prácticas habituales del venture capital.
El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó la propuesta ante el Senado y planteó la necesidad de adaptar la normativa local a negocios atravesados por la inteligencia artificial, la tokenización y los activos digitales. La reforma reconoce que las empresas ya no siempre operan con modelos tradicionales y que muchas estructuras requieren nuevas reglas para captar inversión, organizar su gobierno interno y definir responsabilidades.
Uno de los puntos más sensibles para las startups es la posibilidad de utilizar instrumentos similares a los SAFE y las Convertible Notes. Estas herramientas permiten que un inversor aporte capital sin ingresar de inmediato como accionista y sin fijar una valuación temprana. Para una compañía que recién prueba su producto, consigue sus primeros clientes o valida su mercado, postergar esa discusión puede ser determinante.
En la práctica, el mecanismo reduce una fricción frecuente. El fundador suele defender una valuación más alta, mientras el inversor exige compensar el riesgo de una empresa incipiente. La reforma propone una salida intermedia. El dinero entra antes, la discusión sobre el precio de la compañía pasa a una ronda posterior y el emprendimiento gana tiempo para demostrar resultados.
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El cambio que miran los fondos
Para el mundo del capital emprendedor, la previsibilidad jurídica pesa tanto como la calidad del proyecto. Por eso, la opción de elegir derecho extranjero para determinadas relaciones internas, como Delaware, Londres o Dubái, puede ayudar a que inversores globales miren a las sociedades argentinas con menor desconfianza. Esa flexibilidad acerca la normativa local a contratos y prácticas que los fondos ya usan en otros mercados.
El proyecto también habilita que los criptoactivos y otros activos digitales integren el capital social de una empresa. La Argentina ya figura entre los mercados más intensivos en el uso de cripto de la región. Según datos atribuidos a Chainalysis y retomados en 2026, el 19,8% de la población utiliza criptomonedas, por encima de Brasil, con 18,6%, y El Salvador, con 14,6%. En volumen, el país movió US$ 93.900 millones en transacciones cripto y quedó segundo en América Latina, detrás del mercado brasileño.
En un país con fuerte adopción cripto y talento tecnológico, ese reconocimiento legal puede ordenar operaciones que muchas veces quedaron en zonas grises. Para startups vinculadas a blockchain, finanzas digitales o tokenización, el cambio abre una puerta relevante.
Otra novedad es el reconocimiento de las DAO, las Organizaciones Autónomas Descentralizadas. Por primera vez, estas estructuras podrían tener personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada para sus integrantes. El efecto sería clave para proyectos tokenizados que necesitan interactuar con la economía tradicional, firmar contratos, recibir inversiones o asumir obligaciones sin quedar fuera del marco legal.
La reforma incorpora además las sociedades automatizadas, pensadas para organizaciones que operan mediante algoritmos, inteligencia artificial y sistemas sin intervención humana directa. El punto es novedoso y, al mismo tiempo, abre preguntas sobre responsabilidad legal ante daños o decisiones tomadas por sistemas automatizados. Allí, los jueces y los registros tendrán un rol decisivo.
El texto también impulsa una digitalización más profunda de la vida societaria. Domicilio electrónico, libros digitales, asambleas remotas y firma digital aparecen como herramientas para bajar costos y acortar tiempos. Para compañías con equipos distribuidos o fundadores que trabajan con inversores del exterior, esa simplificación puede convertirse en una ventaja concreta.
Más reglas para emprender
La iniciativa también busca reactivar el atractivo de las SAS, una figura que el mundo emprendedor celebró en su origen por su rapidez y bajo costo, pero que luego sufrió restricciones y mayores controles. Para muchas startups, recuperar agilidad en la constitución de sociedades puede ser tan importante como acceder a nuevas herramientas financieras.
Para los founders, la promesa central pasa por una combinación de menos burocracia, más instrumentos de inversión y mayor compatibilidad con estándares internacionales. Para los inversores, el atractivo está en reglas más conocidas, mecanismos convertibles y estructuras que reducen la incertidumbre al entrar en una compañía argentina.
El desafío quedará en la implementación. Registros provinciales, organismos de control y tribunales deberán interpretar figuras nuevas, muchas de ellas vinculadas a tecnologías que avanzan más rápido que las leyes. Aun así, el mensaje político y económico ya quedó planteado. La Argentina quiere retener startups, evitar que migren sus sociedades al exterior y mostrar que puede competir por capital emprendedor con reglas más modernas, flexibles y útiles para crear empresas.
