En una oficina pública, una sala de reuniones puede parecer un tema menor. Sin embargo, en la práctica, puede ser el lugar donde se destraba una licitación, se coordina una emergencia, se reúnen equipos nacionales y provinciales, se capacita a personal de distintas sedes o se atiende a un ciudadano que no puede trasladarse.
La transformación digital del Estado suele contarse desde el frente externo: trámites online, turnos digitales, credenciales móviles, firma digital, expedientes electrónicos y canales de atención remota. Pero detrás de cada servicio digital hay equipos que deben reunirse, compartir información, coordinar decisiones y trabajar con otras áreas. Esa capa interna de colaboración también necesita infraestructura.
Según una encuesta de Randstad Argentina, publicada en agosto de 2025, el 83% de los argentinos trabaja en formato 100% presencial, mientras que el 13% lo hace bajo modalidad híbrida y el 5% de manera completamente remota. Pero la preferencia muestra otra tensión: el 51% elegiría un esquema híbrido si pudiera optar, frente al 41% que prefiere presencialidad plena y el 8% que elegiría full remoto.
Para el Estado, esto no significa importar sin más el modelo corporativo de home office. Significa reconocer que, aun en estructuras donde la presencialidad sigue siendo fuerte, la gestión pública ya ocurre en red: entre organismos, jurisdicciones, proveedores, equipos técnicos, ciudadanía y actores externos. Y esa red necesita espacios de reunión que estén a la altura.
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La digitalización estatal también se juega puertas adentro
Argentina ya cuenta con distintas herramientas que muestran el avance de una administración más digital. Mi Argentina funciona como perfil digital ciudadano para gestionar trámites, acceder a credenciales, sacar turnos y recibir información personalizada. Trámites a Distancia permite iniciar y seguir gestiones ante organismos públicos sin pasar necesariamente por una ventanilla física.
Esa lógica modifica el trabajo interno. Si un trámite puede iniciarse online, si un expediente circula en formato digital o si una dependencia debe responder a usuarios en distintos puntos del país, los equipos públicos también necesitan formas más ágiles de coordinar.
El Sexto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2025-2027, publicado en el marco de Open Government Partnership, plantea entre sus lineamientos el uso de herramientas tecnológicas para simplificar procesos, mejorar servicios públicos y fortalecer la colaboración interinstitucional. Esa agenda no se agota en software: también requiere lugares preparados para que esa colaboración suceda.
Un ministerio que se reúne con provincias, una agencia que coordina con municipios, un organismo que capacita agentes en distintas sedes o una empresa pública que trabaja con proveedores necesita algo más que una notebook apoyada en la cabecera de una mesa. Necesita audio claro, cámara adecuada, pantalla visible, red estable, seguridad y soporte.
La reunión pública exige más que una cámara
En el sector privado, una mala videollamada puede demorar una venta o desgastar la relación con un cliente. En el Estado, el impacto puede ser más amplio: puede retrasar una respuesta administrativa, entorpecer una coordinación territorial o complicar una instancia de atención ciudadana. Por eso, el diseño de una sala pública debe partir de la experiencia de uso, no del catálogo de equipamiento.
El primer punto es el audio. Una imagen imperfecta puede tolerarse; un audio deficiente vuelve inútil una reunión. Micrófonos mal ubicados, eco, ruido de aire acondicionado o parlantes débiles afectan la comprensión y generan fatiga. AVIXA, entidad global de la industria audiovisual profesional, sostiene que el diseño de salas debe integrar acústica, iluminación, tecnología y disposición del espacio para lograr comunicaciones claras.
El segundo punto es el video. No todas las salas necesitan la misma cámara. Una sala chica de coordinación interna no tiene los mismos requerimientos que una sala de gabinete, una sala de capacitación, un espacio de audiencias remotas o una sala para reuniones con organismos internacionales. Microsoft, en su guía de planificación para Teams Rooms, recomienda definir cada ambiente según el tipo de reunión, la ubicación de los participantes, las pantallas, la cámara y la interacción con el contenido compartido.
El tercer punto es la conectividad. La videoconferencia no falla solamente por los equipos: también falla por la red. Zoom publica como referencia para Zoom Rooms 2 Mbps de subida y bajada para una sala de una pantalla, 2 Mbps de subida y 4 Mbps de bajada para doble pantalla y 2 Mbps de subida y 6 Mbps de bajada para triple pantalla. En organismos públicos, donde conviven redes internas, restricciones de seguridad, accesos segmentados y distintas sedes, este punto no puede resolverse al final del proyecto.
La interoperabilidad es otro requisito clave. Un organismo puede trabajar internamente con una plataforma, pero recibir convocatorias por otra. Una reunión puede llegar por Teams, Zoom, Google Meet, Webex u otro sistema. AVIXA identifica la interoperabilidad como una tendencia relevante para 2026: las organizaciones buscan salas capaces de conectarse con distintos servicios sin fricción. En el Estado, esa flexibilidad es especialmente importante porque la colaboración suele atravesar múltiples organismos y niveles de gobierno.
El crecimiento del mercado muestra que la colaboración audiovisual ya es una infraestructura global. AVIXA proyecta que la industria Pro AV pasará de US$ 332.000 millones en 2025 a US$ 402.000 millones en 2030. Fortune Business Insights estima que el mercado global de videoconferencia crecerá de US$ 41.620 millones en 2026 a US$ 65.720 millones en 2034. Aunque son cifras globales, ayudan a dimensionar una tendencia que también alcanza al sector público: la colaboración remota dejó de ser excepcional.
De la compra de equipos a una política de operación
El error más común es pensar la sala como una compra puntual: cámara, pantalla, micrófono y listo. En realidad, una sala de videoconferencia para el Estado debería tratarse como un proyecto de infraestructura tecnológica. Eso implica relevar el espacio, definir usos, contemplar seguridad, instalar, probar, documentar, capacitar usuarios y prever soporte.
La elección de proveedores también cambia según el alcance. Un integrador audiovisual o IT puede diseñar e implementar la solución completa. Un MSP puede ocuparse del soporte y mantenimiento. Y un MSSP puede sumar capas de monitoreo y protección cuando hay información sensible, accesos remotos o dispositivos conectados. Ese mapa coincide con la lógica de proveedores tecnológicos aplicada a proyectos de infraestructura: integrar, conectar, operar y proteger son necesidades distintas, aunque muchas veces formen parte del mismo proyecto.
En una administración pública más digital, más interconectada y más exigida por la ciudadanía, las salas de videoconferencia no son un lujo corporativo trasladado al Estado. Son una pieza concreta de capacidad institucional. Bien diseñadas, pueden acelerar decisiones, reducir traslados, mejorar la coordinación territorial y hacer más eficiente la gestión. Mal resueltas, en cambio, pueden convertir cada reunión en una pérdida de tiempo.
