La digitalización del Estado dejó de medirse solo por la cantidad de trámites que pueden iniciarse online, la disponibilidad de portales ciudadanos o la posibilidad de descargar formularios sin ir a una oficina pública. Si bien estos avances son importantes, no ayudan a reducir la burocracia si todavía hay organismos que no comparten información o bases de datos duplicadas.
La discusión actual no pasa por digitalizar ventanillas. Pasa por construir una infraestructura común que permita identificar personas y empresas, conectar organismos, intercambiar datos con reglas claras y prestar servicios de manera más simple.
Ante esto, la infraestructura pública digital aparece como una base para reducir fricciones entre ciudadanía, empresas y Estado. Sin embargo, para que funcione, el intercambio de datos necesita gobernanza, privacidad, seguridad y confianza institucional.
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El problema de un Estado digitalizado, pero todavía fragmentado
Una persona puede cargar sus datos en un portal, descargar una constancia de otro organismo, subirla en un tercer sistema y esperar que una validación manual cierre el circuito. En estos casos, el trámite parece digital, pero el Estado sigue funcionando como una suma de áreas que no siempre se hablan entre sí.
Esa fragmentación también se observa cuando distintas dependencias públicas necesitan la misma información. Los datos de identidad, domicilio, situación fiscal, habilitaciones, pagos, beneficios o registros administrativos suelen estar distribuidos entre organismos con sistemas propios, criterios distintos y niveles desparejos de actualización. De esta manera, los ciudadanos terminan llevando información de una oficina a otra, aunque ya exista dentro del propio Estado.
Según el Digital Government Outlook 2026 de la OCDE, solo el 63% de las instituciones públicas, en promedio, comparte datos dentro del gobierno a través de su sistema nacional de interoperabilidad. A su vez, aunque 30 de 36 países ya tienen sistemas de interoperabilidad de datos, solo 23 reportan un uso extendido en más del 50% de las instituciones del gobierno central. En niveles subnacionales, la adopción es todavía más baja.
Estas cifras muestran que, aunque muchos gobiernos ya tienen componentes digitales, no siempre logran que sean usados de manera amplia. En este sentido, hay plataformas, estrategias, normas y servicios online, pero la integración real depende de incentivos, capacidades internas, estándares técnicos, acuerdos institucionales y cambios en la forma de diseñar los procesos públicos.
Qué es la infraestructura pública digital y qué capas la componen
La infraestructura pública digital es un conjunto de sistemas, estándares y reglas que permiten que los servicios públicos funcionen sobre componentes comunes. Su valor está en que diferentes organismos puedan apoyarse en la misma base para identificar usuarios, validar información, intercambiar datos y operar con trazabilidad.
Una primera capa es la identidad digital. Esta permite verificar que una persona, una empresa o un funcionario es quien dice ser cuando accede a un servicio, y puede incluir autenticación, firma digital, gestión de credenciales y mecanismos de acceso seguro. Sin una identidad confiable, el Estado tiene dificultades para prestar servicios personalizados, proteger información sensible o automatizar procesos con bajo riesgo.
Por otro lado, la interoperabilidad es la capacidad de que los sistemas públicos se conecten entre sí mediante estándares, APIs, registros base, catálogos de datos y reglas comunes. Esta capa es la que permite que un organismo consulte información validada por otro sin pedirle al usuario que presente un documento que el Estado ya posee.
Por último, la tercera capa es el intercambio de datos. Esta exige definir qué datos se comparten, bajo qué finalidad, con qué base legal, quién puede acceder, cómo se registra cada consulta y qué controles existen para evitar abusos. No se trata de abrir todas las bases a todos los organismos, sino de habilitar flujos seguros, necesarios y auditables.
Según el informe State of Digital Public Infrastructure 2025 del Instituto de Innovación y Propósito Público de la UCL, de los 210 países que relevó, al menos 64 tienen sistemas de identidad digital tipo DPI, 97 cuentan con pagos digitales tipo DPI y 103 tienen sistemas de intercambio de datos tipo DPI. Esto confirma que la infraestructura pública digital ya es una agenda global, aunque su madurez y su implementación varían mucho según el país y la región.
Datos compartidos para reducir trámites repetidos y cargas administrativas
El beneficio más visible de la infraestructura pública digital es la reducción de trámites repetidos. Por ejemplo, si una persona ya acreditó su identidad, el resto del Estado debería poder reutilizar esa información cuando exista una finalidad legítima y controles adecuados.
Aplicado de forma correcta, este enfoque puede cambiar la experiencia de uso de muchos servicios públicos. Los formularios precargados, verificaciones automáticas de elegibilidad, cruces entre registros y alertas internas permiten bajar la carga administrativa. Además, ayudan a reducir errores, ya que el usuario no tiene que copiar datos manualmente ni presentar documentos que pueden estar vencidos, incompletos o mal cargados.
De acuerdo con el eGovernment Benchmark 2025 de Sogeti, el 81% de los servicios evaluados ofrece autenticación segura mediante eID, pero solo el 45% de los servicios transfronterizos permite que usuarios de otros Estados miembros se autentiquen con sus identidades nacionales. Esto quiere decir que la identidad digital existe en muchos servicios, pero no siempre funciona cuando el usuario se mueve entre jurisdicciones.
Para el Estado, los datos compartidos también pueden mejorar la gestión interna. Permiten detectar inconsistencias, evitar duplicaciones, priorizar casos, automatizar controles simples y liberar tiempo para tareas de mayor valor público. En áreas como salud, educación, seguridad social, impuestos, compras públicas o habilitaciones, la posibilidad de cruzar información confiable puede mejorar tanto la atención como la toma de decisiones.
El desafío de compartir datos sin perder control, seguridad ni transparencia
La promesa de reducir la burocracia con datos compartidos tiene como condición a la confianza. Si las personas sienten que el Estado usa su información sin explicar para qué, sin mecanismos de control o sin límites claros, la interoperabilidad puede verse como una amenaza en lugar de una mejora del servicio. Por eso, la infraestructura pública digital necesita incorporar privacidad y seguridad en el diseño.
La encuesta de la OCDE sobre los factores que impulsan la confianza en las instituciones públicas revela que apenas el 40% de las personas declara confiar en su gobierno nacional, mientras que el 43% tiene baja o nula confianza. El mismo informe señala que el 43% confía en que el uso de IA por parte del gobierno puede generar servicios más personalizados, pero la confianza baja cuando se pregunta por transparencia, equidad y protección de datos personales.
Este contraste resume el dilema de la ciudadanía. Por un lado, ve valor en servicios más personalizados, rápidos y proactivos, pero, al mismo tiempo, quiere saber quién accede a sus datos, con qué motivo, durante cuánto tiempo, bajo qué norma y con qué posibilidad de reclamo si algo sale mal.
Para responder a esas preguntas, la infraestructura pública digital necesita gobierno de datos. Esto incluye roles claros, clasificación de información, controles de acceso, registros de auditoría, estándares de calidad y mecanismos para corregir errores. Asimismo, requiere transparencia, es decir, explicar cómo se usan los datos, qué organismos participan y qué derechos tienen las personas.
En cuanto a la seguridad, el hecho de que una plataforma de interoperabilidad conecte datos de muchos organismos la vuelve atractiva para ataques, filtraciones o usos indebidos. Por eso, cada integración debería tener criterios de riesgo, monitoreo continuo, gestión de identidades, cifrado, segregación de permisos y capacidad de respuesta ante incidentes.
Reducir la burocracia, en definitiva, depende de que el Estado pueda operar como un sistema conectado, con datos confiables y responsabilidades bien definidas. La infraestructura pública digital ofrece esa base, pero el desafío es usarla para construir servicios públicos más simples, seguros y transparentes.
